Por María Elena Lavaud.
En pleno siglo XXI, cuando el periodismo ha vuelto a reivindicar el oficio con los papeles de Panamá ─una investigación realizada por 370 periodistas de 76 países, que arroja luz sobre la creación de sociedades en paraísos fiscales de todo el mundo─ hay muchos países donde paradójicamente, la libertad de prensa es condicional; como la de los presos que han sido condenados y se les da en beneficio, pero con condiciones que si no cumplen, les llevan de nuevo tras las rejas.
Un ejemplo proverbial lleva directamente a Venezuela y su ley resorte, una iniciativa de control gubernamental que además propicia la auto censura, y que tiene intentos de réplica en varios países de Latinoamérica. La edición más reciente de la revista venezolana especializada en mercadeo y comunicación ─PRODUCTO─ trae como tema de portada la crisis de los medios independientes, que deriva directamente de las políticas oficiales. El título es más que elocuente: “Medios sin papel, libertad en rojo”. Lo dicho. En Venezuela el otorgamiento de divisas para la compra de papel ─materia prima de los impresos─ es discrecional, y allí está la libertad condicional: hay medios de comunicación, pero todos tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas. Todo aquel que represente una amenaza a los intereses del gobierno, está desahuciado. Eso sin entrar a evaluar la compra indiscriminada de medios por parte del gobierno directamente o por interpuesta persona.
En 1993, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 3 de Mayo como el día mundial de la Libertad de Prensa. Cada año, una reunión itinerante con motivo de la fecha, es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad de prensa, así como para recordar que en decenas de países alrededor del mundo, las publicaciones son censuradas, algunos dueños de medios multados, sus licencias o permisos suspendidos o anulados; mientras que periodistas, editores y reporteros gráficos son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.
Paradójicamente, por primera vez en 23 años de reuniones, el gremio periodístico venezolano estuvo representado en el foro que este año tuvo lugar en Finlandia, país número uno en el respeto a la libertad de prensa. Antes, la representación de Venezuela, un país que ha padecido amenazas permanentes en los últimos 17 años, había estado a cargo de organizaciones independientes y no gubernamentales. Solo este año, el gremio pudo testimoniar los abusos, a través de la Secretaria General del colegio nacional de periodistas, Lisbeth de Cambra.
De paso por Miami en su regreso a Caracas, la periodista de Cambra comentó a Poetas y Escritores Miami que lo que se ejerce en Venezuela en este momento, es un periodismo de guerra dentro de un país teóricamente democrático. Sin embargo, reivindicó que organizaciones no gubernamentales como Espacio Público, se encargan de ir llevando las estadísticas que el gobierno desmiente y trata a todas luces de silenciar: en el 2015 se registraron 286 agresiones a la libertad de prensa; 46 por ciento de las víctimas son periodistas, 28 por ciento son medios independientes de comunicación, 16 por ciento trabajadores de la prensa y reporteros gráficos. Estas estadísticas forman parte del informe anual de esta organización, hecho público en su portal web (www.espaciopublico.ong), precisamente el 3 de mayo de este año, día mundial de la libertad de prensa.
Pero una revisión grosso modo del panorama latinoamericano, lleva sin escalas también a Ecuador. En 2015, a dos años de haber sido promulgada la Ley de Comunicación, directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa no dudaron en calificarla como “la peor ley mordaza de América”, señalando el flagrante atropello del gobierno presidido por Rafael Correa contra el derecho del público a estar informado, el derecho al trabajo de los periodistas y de los empresarios dueños de medios independientes. Desde que el presidente Correa asumió el poder, unos 18 juicios han sido impulsados por el gobierno en contra de periodistas y propietarios de medios de comunicación.
La demanda que por 80 millones de dólares entabló Correa al diario El Universo ─el de mayor circulación nacional─ ha sentado un nuevo precedente. Correa ganó el juicio que por injuria entabló contra un columnista y otros directivos del diario condenados incluso a prisión, para luego, sentencia favorable en mano, “perdonarlos” y rechazar el dinero. Al tomar la medida ─ para muchos debido a la alta presión de la comunidad internacional─ dejó claro que se trataba de un “perdón sin olvido”, pues reiteradamente ha dicho que la prensa es su mayor enemigo nacional. Así lo reseñó el portal del diario en su oportunidad (www.eluniverso.com).
Poco tiempo después, el diario recibió una mención honorífica del premio María MoorsCabot, otorgado por la Universidad de Columbia de Estados Unidos, por su ardua labor en defensa de la libertad de prensa y expresión; dos términos por cierto que a muchos les cuesta diferenciar. Vale la pena revisar entonces la definición de libertad de prensa que insistentemente ha defendido el ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el abogado Carlos Ayala Corao: “Libertad de prensa es el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones como la censura previa, el acoso o el hostigamiento.
Es una garantía fundamentada en la libertad de expresión, propia de sociedades con sistemas políticos democráticos de libertades plenas. La libertad de prensa permite a los ciudadanos la posibilidad de organizarse y crear medios de comunicación independientes del poder gubernamental, en los cuales tienen derecho de expresarse libremente y sin censura. La libertad de prensa es parte de la libertad de expresión, y esta última, según el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el derecho que tiene todo ser humano a expresar sus ideas y opiniones sin que pueda ser molestado. Es el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (www.espaciopublico.ong).
Continuando la escabrosa ruta por América Latina, aparece Argentina. A finales de Julio del año pasado, el portal www.notimerica.com reseñó que en los últimos 100 metros de su carrera oficial, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner planeaba aprobar una ley mordaza para la internet, cuyo objetivo era imponer penas de hasta tres años de prisión para aquellos que hicieran comentarios insultantes o discriminatorios, penalizando también a los medios de comunicación que se hicieran eco de ellos. Para hacer el cuento corto, es larga la lista de agresiones a medios y periodistas durante los 12 años de mandato de la pareja Kirchner. Ya antes, en 2009, se había planteado el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación, una rémora de la ley Resorte venezolana, que se encargaría de aplicar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA.
Apenas llegar a la presidencia hace pocos meses, Mauricio Macri ordenó la disolución del organismo para crear el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Según su portal webwww.enacom.gob.ar, es el ente que se encargará en delante de regular las comunicaciones y sobre todo, crear condiciones estables para garantizar que el país cuente con servicios de calidad.
Los casos citados hasta ahora son sólo ejemplos a grandes rasgos de cómo en pleno siglo XXI esta libertad fundamental que es la de prensa y expresión, sigue siendo el oscuro objeto del deseo para aquellos que abusan del poder. No es un tema inherente al subdesarrollo, por cierto. En Marzo pasado, la periodista Michelle Fields fue agredida en Miami por el jefe de campaña del pre-candidato republicano Donald Trump luego de formularle una pregunta durante una rueda de prensa. El pre-candidato desmereció públicamente la denuncia de la periodista, que en cambio fue refrendada por el corresponsal del Washignton Post Ben Terris, quien dijo haber observado cuando la periodista fue agredida.
A la hora de evaluar el telón de fondo de estos abusos, que lejos de ser un sino en la modernidad, son una constante en la historia de los juegos del poder político, es inevitable recurrir a los parámetros que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su opinión consultiva del 13 de noviembre de 1985, establece que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, y que es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non─dice─ para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
Para nadie es un secreto que en democracia, elegir un candidato a un determinado cargo o pronunciarse a favor o en contra de una determinada consulta, demanda contar con ciudadanos bien informados. Para eso, es necesario que disponga de medios de comunicación libres. En ese sentido se orientó este año el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon el pasado 3 de Mayo: “En este día mundial de la libertad de prensa, insto a todos los gobiernos, los políticos, las empresas y los ciudadanos a que se comprometan a impulsar y proteger la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Sin este derecho fundamental, las personas son menos libres y están menos empoderadas. Con él, podemos trabajar juntos para lograr un mundo con dignidad y oportunidades para todos”.
Cuando la libertad de prensa es condicional, es un riesgo llamarla libertad; cuando menos, es negar su razón de ser y su esencia misma. Desde épocas inmemoriales, el mayor peligro de la prensa independiente y libre, es que puede destapar la verdad.
